Expertos del GIEI denuncian obstáculos para esclarecer el caso #Ayotzinapa
Expertos internacionales dijeron el domingo que no lograron establecer cuál fue el destino de 43 estudiantes desaparecidos y posiblemente masacrados en 2014 en México debido en gran medida a las fallas y demoras de la Procuraduría General de la República (PGR).
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe final tras 14 meses de coadyuvancia a la PGR debido a los problemas para resolver un caso que dejó en evidencia las grietas del sistema de justicia y la crisis de derechos humanos que vive el país.
En el informe final de su investigación del caso, los expertos denunciaron obstáculos tales como que no pudieron volver a entrevistar a detenidos, obtener declaraciones de líderes políticos ni exaltos funcionarios o que la PGR ahondara en líneas de investigación propuestas.
"La investigación tuvo dificultades que no son imputadas de manera exclusiva a la simple complejidad de un caso de esta magnitud", dijo el grupo en su informe, quien a pesar de las demandas de los familiares no continuará en el caso porque el gobierno mexicano dijo que su participación ya no es necesaria.
Esas dificultades "no pueden leerse como simples obstáculos improvisados o parciales", agregó el informe, sugiriendo que no hubo voluntad política del gobierno de Enrique Peña Nieto para avanzar en las investigaciones.
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Los expertos advirtieron que otros cuerpos policiales, como la Policía Federal y policías del estado de Guerrero pudieron tener participación en los ataques, que se desataron en distintos puntos de la ciudad de Iguala cuando los jóvenes llegaron a tomar autobuses para participar en una protesta.
De acuerdo con la versión de las autoridades, la noche del 26 de septiembre del 2014 cerca de 100 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, Guerrero, fueron atacados por policías y presuntos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, para después ser masacrados y quemados en el basurero de Cocula.
Investigación frenada
Pese al malestar que le causó el primer informe de los expertos, que evidenció irregularidades en el caso, el gobierno accedió a extender el mandato del GIEI, dependiente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre del año pasado inició una nueva fase en la investigación que marchó bien durante los primeros dos meses.
Los expertos dijeron que a partir de enero de este año se frenaron un amplio número de diligencias solicitadas por el grupo, tales como ahondar en la posibilidad de que los ataques contra los estudiantes se hubieran desatado porque éstos tomaron un autobús que podría contener un cargamento de droga.
El GIEI había solicitado que la fiscalía pidiera colaboración al gobierno de Estados Unidos para conocer casos de uso de autobuses para traslado de heroína, pero las solicitudes fueron rechazadas por Washington por estar mal planteadas y recién en febrero del 2015 tuvieron curso.
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Cerca de 65 solicitudes de declaraciones que fueron pedidas a la PGR en su mayoría en noviembre del 2015 recién se realizaron a mediados de abril, cuando los expertos estaban concluyendo su informe y ya casi no tenían tiempo de analizarlas, señaló el reporte.
El GIEI dijo que encontró nuevas pistas de que en los ataques, en los que fueron asesinados tres estudiantes y otras tres personas que no tenían que ver con los enfrentamientos entre los jóvenes y los policías, participaron además otras corporaciones policiacas.
Hasta ahora, la investigación señalaba a los policías municipales de Iguala y Cocula como los principales responsables de la detención y desaparición de los estudiantes.
"La Policía Federal tendrá que ser investigada a profundidad", dijo el informe, refiriéndose a que patrullas de esta corporación, una de las encargadas del combate al crimen organizado, estuvieron presentes en diferentes lugares donde fueron atacados los estudiantes y un equipo de futbol que fue confundido con éstos.
Activistas, así como representantes de familiares de los desaparecidos, creen que la complicidad con Guerreros Unidos no se circunscribía solamente a las fuerzas municipales y hablan de un contexto de "macrocriminalidad", donde participaron distintas cuerpos de seguridad, incluido el Ejército.
El grupo lamentó que el gobierno mexicano le haya negado entrevistar a decenas de militares que estuvieron presentes esa noche en distintos puntos de Iguala y que no los haya presionado para entregar fotografías y videos que hubieran ayudado a resolver el complejo caso.
La PGR responde
En una conferencia de prensa aparte, la Procuraduría General de la Repúblico respondió que las autoridades colaboraron con el grupo de expertos y que no concluirán la investigación hasta que no sea castigado el último responsable de la desaparción de los 43 estudiantes normalistas.
La dependencia también indicó que analizará el informe completo de los expertos para enriquecer su propia investigación sobre los hechos ocurridos en septiembre de 2014.
Con información de Reuters
